Opinión
El artículo analiza el tratamiento de las ofertas anormalmente bajas en los contratos públicos de obras y sostiene que parte del problema radica en el diseño actual de la oferta económica, normalmente limitada a una cifra global o porcentaje de baja sin justificación estructurada. Frente a ello, propone sustituir este modelo por una oferta económica desagregada, presentada mediante catálogos electrónicos o archivos interoperables tipo BC3, que incorporen precios unitarios y parámetros de cálculo. La propuesta encuentra respaldo en la Directiva 2014/24/UE y resulta funcionalmente compatible con la LCSP. Su adopción permitiría reforzar la transparencia, mejorar la comparabilidad entre ofertas, anticipar el control de viabilidad económica y automatizar la detección de anomalías presupuestarias. En definitiva, se defiende una evolución desde un control correctivo ex post hacia una prevención estructural del riesgo contractual.
La Comisión de la UE ha propuesto incorporar la resiliencia en la contratación pública como una exigencia concreta y evaluable. Con ello, la Comisión deja claro que el suministro de medicamentos críticos no puede seguir dependiendo de modelos centrados solo en el precio. Aunque el foco está en la industria farmacéutica, el mensaje es evidente y este enfoque podría replicarse en la compra de tecnología sanitaria, un sector sometido igualmente a gran presión. Un movimiento con potencial de reconfigurar el ecosistema de compra sanitaria en Europa.
Nuestros colaboradores
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Letrado de la Cámara de Cuentas de Andalucía. -
Técnico jurídico en la empresa pública TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.). Abogado especializado en Derecho Público -
Gerente general de la Asociación Gremial de Proveedores y Oferentes del Estado de Chile A. G.
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Abogada Asociada en el departamento de derecho Público y Regulatorio de Andersen en Valencia. -
Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad de Vigo -
Abogado -
Jefa de Servicio de Estudios y Documentación. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Letrada habilitada de los Servicios Jurídicos en la Presidencia del Gobierno de Canarias.


