La práctica en el ejercicio de las competencias del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ha puesto de manifiesto determinados problemas a la hora de aplicar la Ley de Contratos del Sector Público, algunos de ellos derivados de su necesaria integración con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que en algunos aspectos, ha visto cómo conceptos jurídicos básicos en nuestro ordenamiento, se ha alterado por la transposición de las Directivas europeas, y en concreto de las sucesivas Directivas de recursos, -como ha sido el caso de iniciar del cómputo del plazo para recurrir desde la remisión que no desde la recepción de las notificaciones.

La Ley aragonesa ha considerado que toda modificación es, en esencia, un elemento propio de la decisión de adjudicación, por lo que, al igual que ésta, y en la medida que supone una alteración de lo inicialmente decidido, debe ser objeto de notificación y publicidad.

"una regulación adecuada de la contratación pública debe tener en cuenta el impacto y rol de las PYMES ya que la mayor participación de las PYME en las compras públicas generará una competencia más intensa por la obtención de contratos públicos"

Dicha posibilidad se contempla en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Se adjuntan un modelo de Instrucciones de contratación y modelos de Pliegos para la contratación por procedimiento abierto y negociado con publicidad.

El Tribunal de Cuentas ha censurado la utilización de determinados aspectos relacionados con la promoción de la igualdad de género como criterios de adjudicación por el Instituto de la Mujer.