La Cámara de Cuentas de Madrid suele recriminar el abuso de la contratación menor o negociada por ser contrario al principio de buena administración que proclama el artículo 25 TRLCSP

Debemos analizar de una manera crítica si los planteamientos y las propuestas asociadas a la racionalización de la compra pública derivadas del informe de la CORA cumplirán realmente los objetivos que pretendidos.

Es conocido que la situación de crisis económica esta conduciendo a la limitación de oferta de construcción de infraestructuras y de ajustes de los presupuestos iniciales de licitación con motivos de las restricciones presupuestarias

La reciente reforma del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 14/2013, de 27 de diciembre, de emprendedores y su internacionalización, ha introducido importantes novedades en la materia.

Todos sienten la incomodidad de utilizar el contrato menor que les permite adjudicar directamente a un empresario de su libre elección, sin justificar los motivos de dicha decisión, sin publicidad ni concurrencia, un contrato de obras (hasta 50.000€ de valor sin IVA) o servicios y suministros (hasta 18.000€ de valor sin IVA).

Afectación de las Leyes 19/2013, 20/2013 y 21/2013 a la contratación pública

La intensa operación de ajustes que ha sufrido la normativa contractual en estos últimos seis meses ha vuelto a demostrar la poca estabilidad de un texto llamado, en un principio, a servir de instrumento de reactivación económica dada su vinculación con el tejido empresarial y la importancia cuantitativa de los recursos económicos implicados.

Breve reflexión sobre el perfil del contratante: su consideración como lugar idóneo para dar cumplimiento a las exigencias de publicidad de la futura Ley de Transparencia y los instrumentos existentes para acreditar fehacientemente el momento de la difusión