N.B.: Trabajo basado en la ponencia titulada “Public Procurement (of Innovation) and Confidentiality. About the ECJ Decision in Re Antea Polska”, presentada el 25 de enero de 2023 en el webinar “Antea Polska EU Case: The balance between the principles of transparency and confidentiality: Practical implications for Innovation”, organizado por la procurement@libray de Corvers Commercial & Legal Affairs.

Hace apenas unos días se aprobaba la esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que, más de un año después de la finalización del plazo de transposición de la Directiva 1937/2019, cuyo contenido fue analizado en una entrada anterior.[1]  En otra entrada publicada hace unos meses analizábamos el texto del Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que fue 23 de septiembre de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que mantenía ciertos preceptos potencialmente problemáticos. El texto del proyecto no ha sufrido cambios en lo sustancial, por lo que reproducimos a continuación algunos de los análisis realizados en entradas anteriores, añadiendo algunas consideraciones que entendemos relevantes respecto a algunas novedades contenidas en la Ley o acontecidas en su proceso de tramitación.

[1] También puede consultarse el trabajo más extenso sobre la Directiva: MIRANZO DÍAZ, J. “La nueva Directiva europea de protección del denunciante: un análisis desde el derecho público” Revista General de Derecho Europeo, 49, 2019.