Opinión
Francisco Hernández González, de la Universidad de La Laguna, comparte con el Observatorio de Contratación Pública este artículo de opinión donde analiza ciertas cuestiones relacionadas con la línea del AVE Madrid-Barcelona.
Todavía no ha logrado salir publicada en el Diario Oficial de Galicia. Alguna razón debe haber para tanta tardanza.
María José Gómez Serrano, de Estudio Jurídico Internacional, analiza el sistema de los recursos especiales en materia de contratos del Sector Público en España.
Joan Perdigó Solá, abogado y profesor de Derecho Administrativo, comparte un artículo que analiza las controversias y propone alternativas razonables en vista a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Juan Carlos Gómez, colaborador del ObCP, muestra cómo abordar aquellas contrataciones para las que es ineficaz e insatisfactorio su adjudicación mediante procedimientos abiertos y/o restringidos.
La emisión del Dictamen comporta la culminación del procedimiento de elaboración de la norma, a falta de su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales para su tramitación.
Desde el año 2008 se han sucedido las declaraciones de concurso de acreedores de empresas mineras, suceso que agravaba el que se produjera el abandono de la mina.
El Estado español ha vuelto a incumplir con sus obligaciones de adaptación de la normativa al Derecho de contratación pública de la Unión Europea.
Nuestros colaboradores
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Director General de Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Logroño. -
Docente Ordinario del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. -
Ph.D Universidad de Hasselt. Ph.D Universidad de Maastricht. -
Asociado Senior del Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International. -
Abogado - Socio Director en Golden Law Abogados (GLA) -
Letrado de la Cámara de Cuentas de Andalucía. -
Abogado en Escobal Pérez Rodríguez. Encargado de dar asesoría jurídica a empresas y entidades públicas, representar clientes en procedimientos judiciales y administrativos y colaborar en la creación y revisión de regulaciones normativas.


