Conscientes de que el gasto público representa más de un 40% del PIB, incorporar la responsabilidad social en la ejecución de aquél que se canaliza a través de contratos y subvenciones es una herramienta eficaz para alcanzar los compromisos de desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 2030.

En esta breve opinión se intenta poner de manifiesto el papel fundamental que están asumiendo las CCAA en el desarrollo del modelo de plataformas de contratación electrónicas. En concreto, la vinculación de estas decisiones con aspectos de autonomía administrativa, la importancia estratégica que estas decisiones tienen para el direccionamiento del sector público local de cada región y las implicaciones en relación con su relación PCSP estatal. Una versión más extensa y profunda del análisis será publicada próximamente en el marco del proyecto INNOVAP-CLM.