Autores: Massimo Ricchi y Michele Cozzio.

La propuesta se formalizó (enero de 2026) en el documento de posición elaborado de común acuerdo con el Comité Nacional Italiano de PIARC - Asociación Mundial de la Carretera (presidido por C.A. Gemme). El documento de posición, en su conjunto, fue redactado por los miembros del Comité Técnico 1.3 Finanzas y Contratación Pública de PIARC Italia, presidido por F. Iacovone, con la participación de Enrico Al Mureden, Marco Cerritelli, Gianluca Cossale, Michele Cozzio, Patrizia Cutrupi, Christian D’Orazi, Amedeo Gagliardi, Francesco Longo, Margherita Marrale, Laura Montanari, Matteo de Pamphilis, Massimo Ricchi, Pasquale Rosato, Carlo Russo, Gregorio Torazzi, Rocco Totaro.

PIARC, Asociación Mundial de la Carretera, es la asociación internacional más antigua que se ocupa de la ingeniería vial, la política vial y la gestión de las redes viarias, y tiene como objetivo fomentar el progreso en el ámbito vial en todos sus aspectos, con el fin de promover el desarrollo de las redes viarias, estudiar los problemas de la seguridad vial y representar el punto focal de intercambio de tecnologías viales en el mundo. Este objetivo se persigue mediante el intercambio y la difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por los distintos países. Para la sección italiana, véase www.piarc-italia.it.

Algunas propuestas para mejorar la calidad, integridad, estrategia y agilidad en las contrataciones públicas.

Puede consultar el artículo de opinión completo a través de este enlace.

El debate suscitado por la eventual introducción del precio como único criterio de adjudicación en los contratos públicos evidencia un profundo desconocimiento del modelo europeo vigente. Tanto la normativa como la mayoría de doctrina insisten en que la contratación pública no debe orientarse al menor coste inmediato, sino al valor económico y social generado por la mejor relación calidad-precio. Convertir el precio en el único parámetro de decisión no simplifica el sistema: lo empobrece, socava la eficiencia y contradice los principios de proporcionalidad, transparencia y buena administración que sustentan la Ley de Contratos del Sector Público.