En la búsqueda de una mayor racionalización de los recursos humanos, dando así cumplimiento al principio de eficacia que ha de regir el actuar de las Administraciones Públicas, con el fin de evitar la duplicidad en el asesoramiento llevado a cabo por la Dirección General de los Servicios Jurídicos en materia de contratación administrativa, se estima más adecuado limitarlo a los supuestos en los que se recurra al procedimiento de adjudicación a través del diálogo competitivo y en aquellos otros supuestos excepcionales para los que, de manera justificada, así se solicite por el órgano de contratación en atención a la especial trascendencia o dificultad del objeto del contrato; sin perjuicio de que siga correspondiendo a dicha Dirección General, en todo caso, la formulación de los criterios de interpretación y aplicación de las normas a través de la elaboración de instrucciones tendentes a asegurar el mantenimiento del principio de unidad de doctrina, y dejando a salvo las funciones que le estaban ya atribuidas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
