El BOE de 14 de enero de 2012 ha publicado la Ley catalana 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa que introduce en el ordenamiento jurídico una serie de medidas que conllevan la agilización de trámites y procesos, para conseguir una administración pública que sea un instrumento eficaz al servicio de la ciudadanía.

Según su disposición adicional cuarta, con el objetivo de hacer plenamente efectivas las determinaciones de la Ley 29/2010, de 3 de agosto, de uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, las entidades del sector público de Cataluña deben promover el uso de la factura electrónica como condición de ejecución de los contratos del sector público.

Además, el título VIII incluye modificaciones de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. El capítulo único de este título introduce, entre otras, modificaciones relativas al contenido de los convenios y a los encargos de gestión.