Esta Instrucción cumple, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la obligación legal de clarificar la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos.

Esta obligación se estableció en la Ley  5/2012, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja en coincidencia con lo establecido en la Disposición primera del Real Decreto –Ley 20/2012, de 13 de julio, bajo el título “Medidas en relación con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración”.