La Diputación de Granada llevará este jueves a pleno para su aprobación la creación de un Tribunal Administrativo de Contratación Pública que aliviará la jurisdicción contencioso-administrativa y que servirá para agilizar la resolución de recursos ofreciendo sus servicios tanto a los organismos dependientes de la institución como a los ayuntamientos de la provincia.

Según ha explicado en rueda de prensa la diputada provincial de Contratación y Patrimonio, Rosa Fuentes, el tribunal, que se compondrá de un presidente y dos vocales con acreditada experiencia en el sector de la contratación pública, resolverá los recursos referidos a los contratos SARA (Sujeto a Regulación Armonizada), de cuantía superior a los 4,8 millones de euros en obras, o de más de 193.000 euros en servicios y suministros, sujetos además a publicidad comunitaria.

Comenzará a funcionar una vez que sea aprobado en pleno, se haya procedido al nombramiento de sus miembros y se haya publicado la creación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Nace como un “medio alternativo” a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no anula la posibilidad de acudir a ella en última instancia. Será, según ha indicado Fuentes, un servicio “ágil”, puesto que permitirá la resolución de los recursos en un plazo de cinco días hábiles, y gratuito para las administraciones locales.

El pleno de este jueves tendrá que aprobar el reglamento que articulará su funcionamiento, que estará a cargo de un presidente --que tendrá que ser funcionario con una experiencia de 15 años-- y dos vocales --con una experiencia de 10--, de los que uno de ellos podrá ser secretario. Los tres componentes del tribunal, que será “altamente especializado” e “independiente”, serán elegidos por la Junta de Gobierno.

La Diputación no cuenta con una estimación del volumen de trabajo que pudiera llevar este tribunal, aunque, según la diputada, cuenta con el dato del número de contratos de este tipo que se hizo el pasado año, que ascendió a más de una veintena.