Según informa Transparencia Internacional, cada año los gobiernos gastan un promedio de 9,5 billones de dólares de dinero público para contratar bienes y servicios. Con tanto dinero en juego, la contratación pública presenta una gran tentación para la corrupción (se estima que entre 20-25% del presupuesto de la contratación pública se desvía a través de la corrupción).
Para TI, la corrupción distorsiona la competencia al tiempo que reduce la calidad, la sostenibilidad y la seguridad de los proyectos públicos. Como ejemplo de ello, cita algunos casos ocurridos recientemente en diferentes países como la “Operación Púnica” llevada a cabo en nuestro país.
Para proteger a la Contratación Pública de la corrupción, la TI da una serie de directrices con recomendaciones concretas y una lista de verificación para los gobiernos como, por ejemplo:
- Medidas de transparencia: Poner a disposición de los ciudadanos la información relativa a ofertas públicas permitiendo que éstos participen en el proceso y presenten denuncias si son testigos de irregularidades.
- Pactos de integridad: Los gobiernos y las empresas que participan en una licitación deben asumir compromisos concretos para evitar la corrupción. Esto compromisos deben ser supervisados por un monitor independiente.
- Procesos de apelación: Permitir a cualquier parte agraviada en un proceso de contratación pública que sus reclamaciones puedan ser examinadas de forma independiente.
- Licitación pública abierta: Una licitación pública abierta asegura que los gobiernos puedan encontrar la mejor opción para los servicios o bienes adquiridos.
- E-procurement: El uso de los portales web de código abierto para publicar ofertas aumenta la transparencia y permite a los ciudadanos y la sociedad civil vigilar los procesos de contratación.
Más información: Blog de Transparency Internacional (en inglés)
