Los Simposios Nacionales de Buenas Prácticas en la Contratación Pública nacieron hace tres años como una iniciativa impulsada por los sectores de la ingeniería de consulta y de la construcción, contando con el apoyo de Administraciones Públicas y Universidades, para mejorar las prácticas de contratación pública a través del encuentro y diálogo entre órganos de contratación y poderes adjudicadores, los sectores afectados, las Asociaciones representativas de sus intereses, los operadores jurídicos y especialistas universitarios en la materia. El foro pretende promover el intercambio de experiencias y conocimientos, contribuyendo a la mejora de los procedimientos administrativos y fomentando la colaboración entre el sector público y privado con el objetivo principal de impulsar la difusión de buenas prácticas entre todas las partes implicadas en los procesos de contratación.
Hasta la fecha, se han celebrado seis de estos Simposios, que han tenido lugar en las ciudades de Sevilla (diciembre de 2022), Málaga (marzo de 2023), Madrid (junio de 2023), Santiago de Compostela (octubre de 2023), Valencia (junio de 2024) y Barcelona (abril de 2025), cuyo desarrollo y principales conclusiones pueden consultarse en la web https://www.buenaspracticascontratacionpublica.com, donde se alojan los programas, las presentaciones de las ponencias y los videos completos de todas las intervenciones de estos Simposios, además de una biblioteca de guías y de ejemplos de buenas prácticas en materia de contratación pública en continua actualización.
En ocasiones, estos Simposios han tenido una temática conductora central, como sucedió en el primero de Sevilla, sobre la revisión de precios y el reequilibrio; en el de Málaga, sobre los encargos a medios propios; o en el celebrado en Madrid, sobre los contratos de concesión y otras fórmulas de colaboración público-privada. No obstante, en las tres últimas ediciones (Santiago de Compostela, Valencia y Barcelona) se han transformado en encuentros de carácter transversal y abierto, abordando todo tipo de cuestiones sobre licitaciones, redacción de pliegos, requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, fórmulas económicas, determinación de costes, vicisitudes de la ejecución de los contratos y otros temas clave en los que se pretende contribuir a difundir buenas prácticas de contratación; a contratar mejor, en definitiva.
En línea con este último propósito, en el VI Simposio celebrado en la Universidad Politécnica de Barcelona el pasado 3 de abril se inauguró la primera edición de los premios a las mejores prácticas de contratación pública, en sus modalidades nacional, autonómica y local, con los que pretendemos reconocer aquellas prácticas de los poderes adjudicadores que han contribuido de forma significativa a mejorar la planificación, la preparación la adjudicación o la ejecución de los contratos del sector público. Esta edición ha estado organizada por la Federación Conocimiento e Ingeniería de España (CÍES), la Cámara de Contratistas de Obra de Cataluña (CCOC), el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), la Asociación de empresas de servicios de ingeniería, arquitectura y servicios ambientales y tecnológicos de Cataluña (Catenara), la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); y ha contado con el apoyo de las empresas del sector de la construcción COPISA, COPCISA, COMSA, Constructora CALAF y SORIGUÉ, que han hecho posible la celebración de un evento que poco a poco va creciendo en envergadura y repercusión. De hecho, los organizadores percibimos que, tras esta última edición, que ha contado con unos 400 participantes, estos encuentros se han consolidado definitivamente como un foro de referencia en el mundo de la contratación pública a nivel estatal.
En el acto inaugural del VI Simposio, presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UPC, Daniel Crespo, el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, esbozó el programa de inversión en infraestructuras de transporte desde la perspectiva del ritmo inversor alcista en obras públicas que se ha seguido de los últimos años. En este orden, señaló que en 2024 se habían adjudicado casi 9.400 millones €, un 23% más que en 2023, destacando los objetivos de culminar la red de Alta Velocidad y las inversiones en la red convencional, especialmente de cercanías. En este contexto, subrayó la importancia de un marco legal que sea interpretado bajo el paradigma de la certidumbre y la seguridad jurídica, y que abra el acceso a las pequeñas y medianas empresas, haciendo especial hincapié en la buena marcha de la ejecución del plan de implantación de la tecnología BIM. En la Mesa presidencial tuvieron también participación la Presidenta de la Asociación Catalana de Municipios, Meritxell Budó, quien ensalzó las virtudes de su central de compras utilizada actualmente por 1500 entidades catalanas, y el Secretario General del Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Jordi Terrades, quien subrayó la necesidad de agilizar los procesos de contratación y ensalzó el plan Cataluña lidera que pretende movilizar 18.500 millones de euros de inversión en los próximos 5 años.
Tras la inauguración, el Presidente de CÍES (la principal entidad organizadora de estos encuentros), Ignacio Sánchez de Mora Andrés, explicó el propósito de estos Simposios como foro de mejora continua de los procesos de contratación, y dio lectura al Manifiesto de Buenas Prácticas en la Contratación Pública, a modo de decálogo de intenciones y de guía para la mejora de la contratación pública que nace de la experiencia acumulada de los V primeros Simposios, cuya elaboración fue anunciada en que se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia el 13 de junio de 2024.
En una muy aplaudida ponencia inaugural, el profesor José María Gimeno Feliú, referente académico inexcusable en la materia, centró su exposición en el actual reto de alinear la regulación y la gestión de contratación pública al objetivo de la buena administración, como nueva piedra angular de la contratación pública. En línea con sus más recientes trabajos (Hacia una buena administración desde la contratación pública. De la cultura de la burocracia y el precio a la de la estrategia y el valor de los resultados, Marcial Pons, 2024), el profesor Gimeno reflexionó sobre lo que calificó de “nuevo escenario geoestratégico europeo de la contratación pública”, que han puesto de manifiesto los recientes Informes de alto nivel solicitados en 2024 por el Consejo Europeo, coordinados respectivamente por Enrico Letta, sobre el futuro del mercado único europeo, y por Mario Dragui, sobre el papel estratégico de la contratación pública en el desarrollo de los mercados; en cuyas conclusiones ha insistido el “Documento Brújula de la Competitividad en Europa” presentado por la Presidenta de la Comisión Europea el pasado mes de febrero de 2025. En este contexto, la contratación pública se encuentra en la tesitura de reorientarse por la brújula -“la estrella polar”, en expresión acuñada por el profesor Gimeno- de la calidad frente al precio, que guíe y facilite la navegación de la contratación pública en España (y Europa) desde una efectiva contratación pública geoestratégica al servicio de la ciudanía. En ese contexto, y por su capacidad de transformación como fuente principal de movilización de recursos públicos, la contratación pública es un elemento de indudable trascendencia para poder articular de forma proactiva las políticas públicas y sus exigencias. Una nueva contratación pública, alejada de la perspectiva burocrática defensiva, sería la principal palanca de modernización y de escudo social frente a derivas más neoliberales, que ponen en riesgo el modelo social y el principio de equidad.
Como subrayó el profesor Gimeno, la contratación pública ha evolucionado tanto normativamente como políticamente. De una visión burocrática y formal se está transitando a una visión que pivota sobre la buena administración, como certeramente ha indicado la reciente sentencia TJUE de 7 de noviembre de 2024 (asunto C-683/22, relativa al caso del hundimiento del puente Morandi de Génova, cuyo Abogado General ha sido el español Manuel Campos Sánchez-Bordona), al recordar que los poderes adjudicadores deben respetar el principio general del Derecho de la Unión relativo a una buena administración (art. 41 de la Carta de derechos fundamentales de la UE), virando de una cultura de adquisición en clave de privilegio y de ahorro hacia una cultura geoestratégica que implemente de forma efectiva políticas públicas de calidad y de compromiso riguroso y exigente con las necesidades de los ciudadanos.
En esta orientación, actualizar el marco normativo de la contratación pública resulta necesario. Y es que, tras diez años de vigencia del paquete de Directivas de 2014, existen evidentes debilidades, que puso singularmente de relieve el Informe Especial núm. 28/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la contratación pública en la UE, destacando -entre otros factores críticos- cómo y cuánto ha disminuido la competencia y la concurrencia en la adjudicación de contratos en los últimos años, en los que además se han ralentizado de forma preocupante los procedimientos de adjudicación y no se ha conseguido hacer de la contratación pública -y ese era el propósito- una verdadera palanca estratégica para la mejora de la competitividad del mercado europeo. A la vista de este descorazonador contexto y del reciente impulso al proceso de revisión de las Directivas de contratación pública (en el momento en que acaba de celebrarse una consulta pública para ello), el profesor Gimeno nos convoca a hacer una reflexión donde se revise, en primer lugar, el propio instrumento normativo a utilizar. Tras cuatro paquetes legislativos anclados en el modelo de Directivas europeas y actos de transposición nacional, apostó claramente por avanzar hacia una efectiva armonización y uniformización jurídica mediante el uso del Reglamento europeo, lo que facilitaría una mejor y uniforme interpretación conceptual que aportaría más seguridad jurídica a los operadores, laminando las singularidades interpretativas nacionales que suponen, en sí mismas, un riesgo regulatorio y un evidente freno a la inversión.
Junto a ello, el profesor Gimeno afirmó la conveniencia de transitar de la era de la compra pública estratégica a la compra pública geoestratégica, poniendo el acento en la reafirmación del mercado europeo. Geoestrategia coadyuvada por una contratación pública que permita defender las señas de identidad europea en un contexto mundial tensionado por notables y amenazantes incertidumbres, como la nueva política arancelaria de la administración Trump o la explotación depredatoria de recursos críticos. La visión geoestratégica mediante la contratación pública ha de traducirse -en la cualificada opinión del profesor Gimeno- en varios aspectos: a) considerar factores geoestratégicos al tomar decisiones sobre qué bienes y servicios adquirir, y a quién comprarlos; b) garantizar el suministro de bienes y servicios críticos para la seguridad nacional, como equipos militares, tecnología de comunicaciones y servicios de ciberseguridad; c) proteger infraestructuras críticas, como puertos, aeropuertos y redes de energía o sistemas de inteligencia artificial; e) fomentar el desarrollo de industrias nacionales en sectores relevantes y evitar la excesiva dependencia de terceros países; y, f) establecer alianzas estratégicas y proyectar su influencia en el escenario internacional.
En este nuevo contexto, el profesor Gimeno insistió -y esto nos parece capital- en que no debemos poner el foco de la contratación en los procedimientos, sino en los resultados: nuestro objetivo debe ser crear valor de la forma más eficiente, no de la forma más barata. El objetivo debe ser pagar las actuaciones al valor del mercado. Adjudicaciones por debajo del precio de mercado precarizan nuestro sector productivo y conducen a las empresas a trabajar e invertir en otros países en los que sea posible conseguir una mejor rentabilidad.
A tal fin, el profesor Gimeno apostó por hacer un esfuerzo para modificar el actual modelo de desconfianza (entre las administraciones, las empresas y los ciudadanos) y avanzar hacia un modelo de “triple win”: win (para la Administración), win (para las empresas), win (para los ciudadanos y la sociedad en general).
La ponencia de Mariano Garrote, Director de compras y de contratación de ADIF, estuvo marcada por la exposición de los datos de inversión en infraestructuras férreas de los últimos años, en línea de continuidad con los expuesto por el Secretario de Estado en la mesa inaugural. Desde la perspectiva de las buenas prácticas, puso de relieve el uso esporádico de procedimientos con negociación en su organización y la implementación de modelos de racionalización de compras. Desató cierta polémica y preocupación la visión de “normalidad” que trasladó en el recurso a los medios propios desde el Ministerio de Fomento.
La primera Mesa redonda, sobre “Limitaciones de los tipos contractuales para el desarrollo de infraestructuras”, moderada por Pere Calvet, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, abordó temas del máximo interés para el sector, como los avances en materia de reequilibrio de contratos ante la actual coyuntura inflacionista, donde Gemma Enfedaque, Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación de Catalunya, extractó los pioneros Informes de la Junta Catalana en este terreno, que han servido de referencia a otras Juntas Consultivas y que han alimentado una incipiente jurisprudencia más proclive al reconocimiento del reequilibrio en la actual coyuntura económica inflacionista.
En otro orden, se puso de relieve que España es el país con menor inversión en colaboración público-privada de Europa, lo cual es una importante debilidad que fue particularmente señalada en el Informe de la OIRESCON de diciembre de 2023 sobre el contrato de concesión en nuestro país, muy por debajo de la media europea (un escaso 3,5% frente al 13% europeo sobre el total de la contratación pública). Josep Túnica, Vicepresidente de CATENARA e Isaías Táboas, Presidente de Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, pusieron el acento en las dificultades de las fórmulas de colaboración público-privada basadas en la traslación del riesgo operacional al contratista, particularmente en España donde el contrato de concesión puede considerarse una fórmula en recesión por efecto, entre otros factores, de la legislación de desindexación. En este punto, la intervención del Director General de COINTER, del Grupo AZVI, Alfonso Budiño, señaló la preocupante pérdida de experiencia que está provocando en sector de las concesionarias españolas este drástico decaimiento de la figura, lo que también repercute en el know-how de la Administración española en la materia. No, en cambio, en aquellas empresas capaces de competir en el extranjero. Budiño destacó, por contraste, experiencias de éxito, como la chilena, en la que la Administración estatal ha organizado un equipo de expertos de carácter transversal que asiste sobre las claves del modelo concesional al resto de Administraciones públicas territoriales. En este sentido, los participantes en la Mesa señalaron que la UE lleva tiempo defendiendo la utilización de planteamientos de colaboración público-privada que no solamente hagan viables inversiones que exceden las capacidades financieras de las Administraciones, sino que también aporten conocimiento, tecnología, flexibilidad, capacidad gerencial, eficiencia e innovación.
En el debate posterior a sus intervenciones, los miembros de la Mesa y el público interviniente pusieron de manifiesto que actualmente se está apostando por la utilización de modelos colaborativos de “coste objetivo”, con cláusulas que permitan que ambas partes se beneficien de los ahorros o participen en los sobrecostes, recordándose que la LCSP exige un precio cierto, pero no un precio fijo, por lo que cabe la opción de pago por resultados, que es una fórmula que debería generalizarse en este tipo de contratos, en el sentido en que posteriormente abundó la profesora Noguera de la Muela. En los contratos de colaboración público-privada es igualmente fundamental la definición de un régimen claro de reparto de riesgos entre las partes y un modelo de auditoría de costes frente a las fórmulas tradicionales de revisión de precios, excesivamente formales y de difícil aplicación, o a los reequilibrios al margen de la LCSP, como ocurrió en el caso de las radiales de Madrid por la vía de las reclamaciones patrimoniales de daños.
La ponencia de Juan Carlos Martinez, vocal de obra civil de CATENARA, fue un repaso completo a las reivindicaciones de mejora de la contratación que viene propugnando el sector de los servicios de ingeniería de consulta y arquitectura: la necesidad de la planificación eficiente de la contratación; la de mejorar la determinación de los presupuestos base de licitación, por la lejanía de los precios de los valores de mercado y el “pie quebrado” que supone aplicar de partida los precios de los Convenios Colectivos; los problemas que sufren los contratos de servicios de ingeniería y arquitectura como contratos complementarios de los de obra, que no deberían seguir la suerte de las vicisitudes que éstos sufren en sede de ejecución por el pernicioso uso del “precio cerrado”; el mal dimensionamiento en los Pliegos de los equipos de trabajo y de los plazos de ejecución; el deficitario planteamiento de los criterios de adjudicación; las sombras que presentan para este sector las fórmulas conjuntas de proyecto y obra; o las dificultades de aceptación jurisprudencial que ha generado la aplicación del concepto legal de servicios cuyo objeto consiste en prestaciones de carácter intelectual, entre los que la LCSP incluye los de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Hay que felicitarse, en este punto, que las recientes Sentencias del Tribunal Supremo 1362/2024, de 18 de julio (rec. 4379/2021) y 366/2025 de 31 de marzo de 2025 hayan puesto definitivamente las cosas en su sitio, acallando las voces disidentes de algunos Tribunales de Recursos especiales y de alguna jurisprudencia menor.
Por su parte, Francisco Diéguez, Director General del ITeC, que desde 1978 lidera en Cataluña las actividades de investigación, diseño y desarrollo de productos y servicios de base tecnológica para el sector de la construcción, presentó las Guías de buenas prácticas en contratación pública que muy meritoriamente ha desarrollado este Instituto, centradas en la redacción de Pliegos de licitación, de enorme utilidad práctica para el sector y que desarrollan una novedosa idea central: la contratación “colaborativa” que busca alinear los intereses de todas las partes del contrato. Enmarcado en el nuevo paradigma de la sostenibilidad, merece mención el concepto transmitido de la medición del valor en 5 divisas: el importe económico, las toneladas de CO2 emitidas, los m3 de agua consumidos, los megajulios de energía embebida, y las toneladas de residuos producidos. También destacamos lo novedoso de una idea simple, pero enormemente alineada con los objetivos de estos Simposios: no es necesario innovar arriesgando, basta con copiar las buenas prácticas que han demostrado su eficacia allí donde se han implantado. Hay que mirar a otros para compartir y aprender, que es uno de los objetivos principales de estos encuentros.
La segunda Mesa redonda, sobre fórmulas económicas para la adjudicación de los contratos y umbrales de saciedad, fue enormemente rica y dinámica en sus planteamientos. Animada por su moderador, Lluis Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, que arrancó exponiendo gráficamente las diferentes de fórmulas de cálculo de las bajas en los poderes adjudicadores catalanes -poniendo en evidencia las enormes diferencias prácticas entre unas y otras-, dio lugar a intervenciones de otros miembros de la Mesa que coincidieron en reclamar la mayor uniformidad de las mismas. El profesor Aguado llegó incluso a defender la posibilidad de una sola formula válida para todos los casos, proponiendo una elaborada a partir de la función universal ajustable con 4 parámetros.
Miquel Benito, Director de contratación administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, y Víctor Torrents, jefe de la Oficina de seguimiento de la Central de Compras de la Asociación Catalana de Municipios pusieron de manifiesto, desde distintas perspectivas, que es preciso establecer criterios objetivos de valoración técnica que permitan discriminar claramente las ofertas; que deben establecerse criterios exigentes de temeridad económica, incluso no ligados al precio -pues la temeridad no solo es de componente económico-; que el presupuesto base de licitación debe estar bien calculado, de forma que represente lo mejor posible el precio de mercado de los trabajos que se licitan; y que asimismo son recomendables fórmulas que impliquen una disminución de la influencia de la mayor baja en la puntuación. Apostillando Lluis Moreno que no es admisible que las ofertas que se presenten al tipo (el precio estimado de mercado) reciban cero puntos. Esta última opinión fue muy controvertida, pues -como es sabido- la mayoría de las fórmulas parten de esa premisa.
En este punto, la clave la dio Neus Colet, Directora General de Contratación Pública de la Generalitat, al señalar con toda razón que muchas veces queremos que la fórmula de ponderación del precio ofertado solucione problemas que no le son propios, y que en puridad residen en los Pliegos, en unos malos Pliegos. Ciertamente, por muy complejas que sean, las formas matemáticas no son la solución a Pliegos mal planteados. La propia Directora General proporcionó argumentos para el debate en torno a la necesidad de tener en cuenta criterios de adjudicación y condiciones especiales de adjudicación basadas en parámetros cualitativos, y no solo cuantitativos, que tengan verdadero sentido innovador y reporten beneficios a la ciudadanía en materia ambiental, social y de innovación; así como la necesidad de tener en cuenta la definición y cálculo del coste del ciclo de vida.
En el debate, también se puso de relieve la conveniencia de establecer criterios de valoración técnica objetivables que diferencien claramente a los distintos licitadores, de forma que la calificación técnica influya decisivamente en la calificación total de las ofertas a partir de parámetros objetivos que reduzcan la discrecionalidad técnica. De lo contrario, independientemente de cuál sea el peso de los criterios económicos, las adjudicaciones pueden acabar convirtiéndose en la práctica en meras subastas. Aquí salió el tema de los umbrales de saciedad, polémico en el sector pese a haber sido bendecido por la jurisprudencia. Asimismo, se destacó lo fundamental de calcular adecuadamente el presupuesto base de licitación como fórmula para incrementar la concurrencia, cuyos datos promedio han bajado drásticamente en los últimos años, como viene señalando la OIRESCON en sus últimos Informes anuales, en consonancia con los datos manejados por el Informe Tribunal de Cuentas Europeo al que antes nos referíamos.
La profesora Belén Noguera abordó en una ponencia magistral el complejo y muy actual tema de las fórmulas contractuales de la colaboración público-privada como alternativas al fracasado contrato de concesión, especialmente idóneas para los grandes proyectos de inversión en obras públicas. Hizo especial hincapié en las características de los llamados contratos de conjuntos de redacción de proyectos y ejecución de obras inspirados en modelos colaborativos de coste objetivo (“target costing”), donde prevalece la regla de la mayor calidad de prestación en un entorno de seguridad jurídica y sostenibilidad financiera y que tienen como característica de pago de los costes el modelo de “libro abierto”. Esta novedosa fórmula contractual ha encontrado en ocasiones entre nosotros la resistencia de no contar con un expreso y formal respaldo en la LCSP. No obstante, la profesora Noguera demostró convincentemente su compatibilidad con las previsiones de la Ley y la exitosa aplicación que de la misma se está haciendo en otros países de la UE que se mueven en el mismo marco normativo común.
La Presidenta de la OIRESCON, María Luisa Araujo, destacó las competencias de esta Oficina de Regulación y Supervisión de la contratación pública en relación con la promoción y el seguimiento de las buenas prácticas en materia de contratación, que es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Contratación Pública aprobada por dicho organismo, como instrumento jurídico vinculante, a finales de 2023. Destacó en su ponencia el planteamiento del primer “Mapa de riesgo” de la contratación pública, adoptado para determinar dónde se concentran los principales incumplimientos y problemas sistémicos del procedimiento de contratación, y poder identificar así los puntos críticos del proceso. El mapa clasifica y distingue distintos tipos de riesgo: de carácter transversal, que afectan a todo el procedimiento contractual, de un lado; y, de otro, los riesgos específicos de cada fase (preparación, licitación y adjudicación y ejecución), señalando los más recurrentes y graves en cada caso. Un instrumento verdaderamente útil para un efectivo control del cumplimiento normativo y de los objetivos de la mencionada Estrategia Nacional. Adicionalmente, la Presidenta de la OIRESCON recomendó el empleo del procedimiento negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia frente al contrato de emergencia.
La tercera y última Mesa del Simposio, dedicada a la planificación eficiente de la contratación pública, partió del análisis monográfico de una de las consecuencias de la mala planificación: el abuso de la figura de los encargos a medios propios, en la que insistió el moderador de la Mesa, el Presidente de Catenara Mateu Tersol, y que, desde un punto de vista jurídico, desarrollo con precisión y solvencia Jesús Tarancón, abogado especialista en contratación pública y responsable de algunos de los pleitos más sonados en el ámbito del control de los encargos a medios propios, destacando los casos relativos a TRAGSA y a INECO -los dos “gigantes” de los encargos- que actualmente se están dilucidando ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Especialmente interesante fue la óptica defensiva frente a este abuso que brinda la legislación antitrust, que es el flanco menos explorado de respuesta jurídica ante el abuso de la figura que se está produciendo en España y que está desangrando al sector de la ingeniería de consulta y, en igual medida, al de la construcción.
Por su parte, Joan Morera, jefe del servicio de Contratación de la Universidad Politécnica de Cataluña insistió en la necesidad de formación y especialización de los equipos de contratación de los poderes adjudicadores desde un liderazgo inspirador y constructivo -tan difícil como necesario-, del que dio ejemplos de aplicación práctica en el entorno de su Departamento. Ricard Font, director de Barcelona Infraestructuras Municipales, hizo un recorrido muy completo, nutrido de ejemplos -a veces de éxito y otras no tanto-, que nacen de su dilatada experiencia al frente de uno de los mayores organismos contratantes en materia de infraestructuras, insistiendo en la necesidad de reivindicar una planificación adecuada de la contratación, que no se limite a la escrupulosa llevanza de un calendario de licitaciones para evitar prórrogas y órdenes de continuidad indeseables sino que comprenda la implementación de objetivos estratégicos, en los que reside la verdadera concepción de la contratación como política pública sustantiva en sí misma considerada.
Joan Antón Font, Secretario General de Ayuntamiento de Tarragona entusiasmó al auditorio explicando con apasionamiento cómo desde un municipio mediano, con escasos recursos, se está desarrollando un plan completo y muy encomiable de buenas prácticas, que abarcan la planificación de la contratación, la reducción del contrato menor mediante técnicas de racionalización de la contratación, la formación y estímulo del personal, con mecanismos de interacción entre técnicos y personal de control jurídico e intervención, la elaboración de modelos para la tramitación de los distintos procedimientos, la generación de bibliotecas de Pliegos y el acompañamiento jurídico en la elaboración de los de prescripciones técnicas, la potenciación de criterios de calidad en la adjudicación frente al precio, o la introducción de incentivos por cumplimiento de objetivos y de plazos de ejecución en los contratos de obra. Los tres últimos intervinientes citados destacaron, como buena práctica, la necesidad de incentivar a los equipos de contratación y compras para que estén motivados en trabajar en favor de la excelencia en los procesos de las contrataciones. Todos sabemos por experiencia, que esa cultura es difícil de instalar cuando no se acompaña de esfuerzos en la profesionalización y en la sensibilización de los empleados públicos, también -y principalmente- en los que ejercen el control jurídico o económico financiero interno sobre la contratación.
El simposio fue presentado y conducido con gran pericia por Maria Jose Hierro, experta en comunicación y responsable de publicaciones de contratación pública en la editorial Aranzadi LaLey.
Desde la organización del Congreso, Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, expuso con las conclusiones finales del Congreso resumiendo las aportaciones más importantes de las distintas ponencias y Mesas redondas.
Finalmente, como novedad de esta edición y colofón del Simposio, se hizo entrega de la I edición de los Premios Nacionales Buenas Prácticas en la Contratación Pública para reconocer las diferentes iniciativas que han destacado por su calidad, eficiencia y compromiso con la transparencia en tres categorías: Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Administración Local. El Jurado de los Premios, compuesto por el propio Juan Antonio Carrillo Donaire, en calidad de Presidente, María José Santiago Fernández, actual Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que actuó como vocal, e Ignacio Sánchez de Mora Andrés, como Secretario, quiso destacar especialmente la gran concurrencia de candidaturas y la calidad de las mismas. Subrayó asimismo el apoyo de la Editorial Aranzadi-La Ley para la promoción de estos premios; celebrando el compromiso de dicha editorial para difundir las buenas prácticas presentadas por las distintas candidaturas en una nueva sección de su prestigiosa Revista “Contratación Administrativa Práctica”.
El premio a la mejor buena práctica en la categoría Administración General del Estado recayó en la Dirección General del Aguas del MITECO por su buena práctica “tarifas de personal en Pliegos de Bases de servicios de ingeniería y consultoría”, que ha tenido una enorme trascendencia en el sector de la ingeniería de consulta en España desde su implementación en febrero de 2021. La categoría de mejor práctica de Comunidades Autónomas fue para la Dirección General de Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía por sus dos buenas prácticas presentadas: un robot asistente para Mesas de Contratación (ASICÓN) y una guía y herramienta para el cálculo y desglose del presupuesto base de licitación. En la categoría de Administración Local, el premio recayó en el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, que presentó un completo catálogo de buenas prácticas en todas las fases de la contratación al que antes hemos aludido.
Ante el paisaje dibujado por lo mucho dicho y debatido en el Simposio, la gran conclusión del mismo no es ya que se pueda contratar mejor, sino que, a la vista de la gran cantidad de aportaciones que se hicieron, se quiere contratar mejor; o al menos, desde la organización de estos Simposios, nos quedamos con la grata sensación de que muchos poderes adjudicadores se están esforzando muy meritoriamente en conseguirlo día a día.
