El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril aprobó la remisión a la a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2012-2015. Ambos documentos recogen la Estrategia de política económica del Gobierno para los próximos años. Esta estrategia se basa en el diagnóstico de la economía española y en medidas de política económica: estrategia fiscal 2012-2015 y reformas estructurales, algunas de las cuales pueden tener incidencia sobre la actividad contractual del sector público.
Entre las medidas que incluye el documento «Programa Nacional de Reformas de España 2012» algunas ya son conocidas, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en fase de Anteproyecto, como medida para la mejora de la gobernanza económica (Ver contribuciones del Observatorio de la contratación pública en el proceso de consulta pública del Anteproyecto). Esta Ley introduce importantes reformas para mejorar la transparencia de la Administración Pública a través de una serie de obligaciones que deberán respetarse en todos los niveles y ámbitos de la Administración. En concreto, a partir de la entrada en vigor de la Ley todas las administraciones deberán publicar la información de relevancia económico-presupuestaria y estadística sobre los contratos públicos realizados.
Por otra parte, entre las medidas de ajuste propuestas para la consolidación fiscal, se incluyen en el Programa nacional de reformas referencias a los planes económico-financieros de reequilibrio de las Comunidades Autónomas, así como un avance del contenido de los planes de ajuste del plan de pago a proveedores presentados por las entidades locales.
Por cuanto respecta a los primeros, todas las Comunidades Autónomas han tenido que presentar Planes Económico Financieros de Reequilibrio entre los meses de enero y febrero como consecuencia de haber incumplido los objetivos de Estabilidad Presupuestaria del ejercicio 2010 o para que su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 sea de un déficit del -1,5% del PIB regional. En dichos planes, que están pendientes de aprobación por el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en a mediados del mes de mayo, las Comunidades Autónomas proponen una serie de medidas de ahorro, en el terreno de los gastos, o de incremento de ingresos con el objetivo de cumplir el mencionado objetivo del -1,5% del PIB regional en el ejercicio 2012. Un resumen de dichas medidas de ajuste de gasto, que afectaría a los gastos en bienes corrientes y servicios, sería el siguiente:
a) Mejoras en la contratación de servicios y suministros: establecimiento de plataformas centralizadas de compras, renegociación de los contratos de suministros y servicios, renegociación contratos de alquiler y licitación electrónica.
b) Racionalización de los consumos: de energía y teléfono, en el uso de los edificios, búsqueda de la eficiencia energética, reducción de los horarios de apertura de los edificios públicos, reducción de los gastos en material de oficina.
c) Ajustes en el precio de la farmacia hospitalaria.
d) Centralización de servicios de mantenimiento de equipos sanitarios, especialmente en lo que se refiere a equipos de alta tecnología.
e) Ajustes en el parque móvil (mantenimiento de vehículos, gastos de combustible...).
f) Limitación de las actuaciones de reparación, mantenimiento y conservación en inmuebles y equipos al servicio de la administración.
g) Integración de los teléfonos de información a losciudadanos y Centralización de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
h) Simplificación de la tramitación administrativa.
i) Reducción gastos por edición y publicaciones.
j) Reducción de las partidas destinadas a gastos de
atenciones protocolarias y representativas, a campañas y
actos institucionales.
k) Restricciones a la realización de estudios, trabajos técnicos y consultorías realizados por empresas externas, así como al transporte por mensajería urgente.
Por otra parte, también presentan incidencia en el ámbito de los contratos públicos algunas medidas contenidas en los Planes de ajuste que traen causa del Plan de pago a proveedores de las entidades locales. La normativa reguladora del Plan de Pago a Proveedores de las Entidades Locales exige que éstas aprueben, a través de sus Plenos, los correspondientes Planes de Ajuste que acrediten el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la viabilidad de la devolución de los créditos que se van a recibir para el pago a los proveedores. Se han recibido 2.700 Planes de Ajuste presentados por las Entidades Locales.
Entre las medidas incluidas en esos planes de ajuste con incidencia en la actividad contractual municipal se encuentran, entre otras:
a) Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.
b) Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)
c) No ejecución de inversión prevista inicialmente
d) Revisión de contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.
e) Otras medidas por el lado de los gastos (reducción de vehículos del parque móvil, disminución del gasto en servicios informáticos y de telecomunicaciones, disminución de gastos en alquileres de inmuebles, en suministros de agua y energía, revisión de los procedimientos de contratación y reducción de los gastos en subvenciones)
