Conozca las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
- a) El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Las medidas incluidas en su capítulo II están destinadas a favorecer la actividad empresarial, en diversos ámbitos. En concreto, el artículo 4 reforma la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con el objetivo de facilitar la continuidad de la relación contractual con la Administración a los contratistas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que éste haya adquirido eficacia en un convenio; además, como novedad, se permite la devolución de la garantía depositada por un contratista en el marco de un proceso de contratación pública, en caso de resolución del contrato, cuando la ejecución de la prestación no se hubiera interrumpido hasta el momento de la declaración de insolvencia y el concurso no hubiera sido calificado como culpable, y se facilita la cesión del contrato, aunque el cedente no tenga ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, si éste hubiera solicitado la declaración de concurso voluntario.
- b) La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, que modifica el artículo 83 (de las garantías), mediante la adición al mismo de un nuevo apartado 4. En él se establece para el caso de los contratos de concesión de obras públicas la regla general del cálculo de la garantía definitiva aplicando el 5% sobre el valor estimado del contrato, cuantificado de conformidad con el artículo 76.3 LCSP; pero previendo no obstante la posibilidad de que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias y duración del contrato, y justificándolo adecuadamente, pueda reducir el importe de la garantía definitiva una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para su explotación; fijando los criterios para esta reducción con un límite del 2% del importe del valor estimado del contrato.
- c) La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que pretende reducir progresivamente los plazos para los pagos de las Administraciones Públicas a los contratistas. Esta norma da nueva redacción al artículo 200.4 y añade el artículo 200 bis, acortando dichos plazos de pago a treinta días. No obstante, se establece un período transitorio con plazos de pago distintos (hasta el 2013), aplicables a los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010 (a partir del 7 de julio de 2010).
