La Comisión europea acaba de aprobar una nueva comunicación (titulada Single Market Act II: Juntos por un nuevo crecimiento) en la que incluye doce nuevas medidas que pretenden, con motivo de la creación del mercado único en 1992, continuar con su desarrollo.

Particularmente interesante resulta para el ámbito de la contratación pública la medida número 10, que persigue convertir la facturación electrónica en el estándar de facturación en es ámbito.

El cambio hacia la administración electrónica pública, en particular en su dimensión transfronteriza, debe ser un objetivo a medio plazo para la Unión Europea y los Estados miembros. La Agenda Digital para Europa incluye una llamada a incrementar el uso de servicios de administración electrónica en un 50% de los ciudadanos de la UE y el 80% de las empresas de la UE en 2015. Un área particularmente prometedora es la facturación electrónica, que la Comisión ha pedido a convertirse en el modo de facturación predominante en la UE en 2020.

La introducción de medidas legislativas como que la facturación electrónica en una práctica habitual en la contratación pública hará del sector público un "mercado principal" para la facturación electrónica y la punta de lanza de su uso más amplio en la economía. La acción en este área hará que los procedimientos posteriores a la adjudicación de la contratación pública sean más eficientes y menos costosos para las partes involucradas, así como para el contribuyente. También contribuirá a la reducción de los retrasos en los pagos de las administraciones públicas. En el caso del sector público, una estimación preliminar indica que en los próximos años, podría lograrse un ahorro aproximado de mil millones de euros por año si todas las facturas se presentaron en formato electrónico.

La transición hacia la facturación electrónica en la contratación pública complementará la modernización en curso de las normas comunitarias de contratación pública, una acción clave en el marco del Acta del Mercado Único de abril de 2011. Las autoridades públicas que ya confían en los medios electrónicos para la adquisición de bienes, servicios y obras obtienen ahorros de entre el 5% y 20%. El despliegue de la contratación electrónica en toda la UE podría ahorrar a los presupuestos públicos al menos 100 mil millones de euros al año. Con esto en mente, la Comisión propuso la transición completa a la contratación electrónica a mediados de 2016. Consejo y el Parlamento deberían adoptar la propuesta de Directiva sobre contratación pública presentada en Diciembre del año pasado sin demora.