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La CCOC denuncia que el recorte de la inversión pública supera al de cualquier otro sector social o económico
07/11/2011
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Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (COCC)

La CCOC propone un plan de inversión para combinar el ajuste fiscal con el impulso a la actividad productiva y la competitividad. El 10% del consumo público debe destinarse a inversión en infraestructuras para dinamizar la economía y crear empleo.

Según datos de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (COCC) las medidas de reducción del gasto público se han centrado en la inversión pública. Un ejemplo significativo: GISA, el principal gestor de la inversión de la Generalitat ha pasado de adjudicar obras por un importe de 1.700 millones de euros (M€) en 2010 a prever en 2011 tan sólo 50 M€, 300M€ en 2012 y 500 M€ en 2013, cuestionándose en estos momentos las previsiones de los próximos dos años.

En términos globales, la licitación oficial de obras (con financiación presupuestaria) en Catalunya ha pasado de 3.572 millones de euros (M€) hasta setiembre de 2010 a tan sólo 1.047 M€ en los nueve primeros meses de 2011. Las previsiones para todo el año 2011 las situamos en unos 1.300 M€ frente a los 4.300 M€ licitados en 2010, lo que implica una disminución del 71%, 3.000 M€ menos sólo en un año.

Este recorte habría acentuado la crisis del sector de la construcción. provocado un incremento de la pérdida de empleos y situado a las empresas en una situación límite. A finales de Septiembre de 2011 se ha acumulado una pérdida de empleo en la construcción española de 183.368 personas respecto de Setiembre de 2010, mientras que en Catalunya la pérdida ha sido, en el mismo período, de 30.928 personas. Desde que comenzó la crisis en el año 2007 hasta hoy, el balance de la pérdida de empleos en laconstrucción es de 1.000.000 personas en España y de 139.000 personas en Catalunya.

La propuesta que hace la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) y que somete a la consideración de los respectivos gobiernos de Catalunya y de España y a los partidos políticos, es que se libere un 10 por ciento del consumo público, como resultado de la mejora en la eficiencia de la gestión, para que pueda ser destinado exclusivamente a inversiones públicas con impacto sobre la productividad de las empresas.