En fecha 18 de diciembre de 2024, el Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2021.

La Introducción del Informe nos dice:

“I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

El Tribunal de Cuentas ha realizado, a iniciativa propia, la Fiscalización del sector público autonómico, ejercicio 2021, incluida en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2023, aprobado por su Pleno en sesión del 21 de diciembre de 2022. Con este Informe, que se elabora con periodicidad anual, se quiere proveer a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas y a la ciudadanía, de información relevante referida al conjunto del sector público autonómico y, en concreto, sobre el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y de remisión de contratos, convenios y encargos a medios propios. La fiscalización es coherente con los objetivos, medidas y actuaciones del Plan Estratégico 2024- 2027 y del Plan Operativo Bienal 2024- 2025, aprobados por el Pleno el 30 de mayo de 2024.

 I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
 
Constituyen el ámbito subjetivo de la fiscalización las entidades del sector público autonómico sometidas a la obligación de rendir cuentas y de remitir información sobre contratos, convenios y encargos a medios propios a las Instituciones de Control Externo (ICEX). El término sector público autonómico recogido a lo largo del presente informe se refiere al conjunto de Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
El ámbito objetivo de la fiscalización viene determinado por las cuentas generales e individuales que han de rendir las entidades del conjunto de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y la información de remisión obligatoria en materia de contratos, convenios y encargos a medios propios. 

El ámbito temporal de la fiscalización se concreta en el ejercicio 2021, sin perjuicio de que se hayan realizado los exámenes y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores y posteriores que se han considerado necesarios para el cumplimiento de los objetivos programados.”

En dicho informe se afirma (pág. 63) que, 

“La contratación menor supuso un 94,08 % del número de contratos y un 15,94 % del importe de adjudicación global. En 2021 la forma de adjudicación tramitada con mayor importe fue la de procedimiento abierto -un 63,60 % de los contratos adjudicados no menores y un 53,46 % del importe de adjudicación total-.”

Puede accederse al texto íntegro aquí.