El colaborador del OBCP Juan Carlos Romar ha publicado en su página web un completo resumen de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que tienen incidencia en materia de contratación pública:

El Consejo de Ministros ha recibido el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que aboga por la supresión de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa Autonómicas –en especial las Comisiones clasificadoras existentes en varias comunidades-, la unificación de los Registros de Licitadores y Empresas clasificadas en el ROLEC, la integración de las diversas Plataformas de Contratación en la Plataforma de Contratación del Estado, y la ampliación de los umbrales que determinan la exigencia de clasificación.

Se pretende que el 90% de todas las medidas a las que hace referencia el informe se apliquen antes de finalizar el año 2013. Al efecto, el BOE del sabado 22 de junio, publica el Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.

El informe CORA se centra en cómo se puede hacer que el aparato burocrático sea mucho más racional, más eficaz y más eficiente; es decir, funcione mejor y lo haga de una manera más barata, y llegue mucho mejor al ciudadano. En lo que a la contratación pública se refiere, a lo largo del informe se proponen medidas (por ejemplo notificaciones, factura electrónica, etc.), que de un modo u otro llegarán a afectar a dicho proceso, pero, además, se proponen otras dirigidas directamente a adoptar medidas de racionalización que mejoren la eficacia, eficiencia y economía en dichos procesos, y así el informe analiza:

• La posibilidad de que las Las CC.AA. y las EE.LL., así como los Organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellas, puedan adherirse al sistema de contratación centralizada estatal (Pág. 107, 182 y, 186).
• La supresión de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa autonómicas siendo sus funciones asumidas por la JCCA del Estado, que pasará a denominarse Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Sector Público. (Pág. 109)
• … y, en especial, la supresión de las actualmente existentes Comisiones Clasificadoras de las Juntas Consultivas de Baleares, Canarias, Cataluña, País Vasco, Murcia y Valencia, (Página 108).
• La unificación de los Registros de Licitadores y Empresas Clasi¬ficadas de las CC.AA., contando así con un único Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasi¬ficadas del Sector Público. (Página 108).
• La posibilidad de que las Comunidades Autónomas se sirvan de la Plataforma de Contratación del Estado, que pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público. (Pág. 108, 187).
• Respecto a los Tribunales Administrativos de Contratación, propone el informe la asunción de funciones por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) para la resolución de recursos contractuales en relación a entes adjudicadores de las CC.AA. y EE. LL., señalando que “ya se han formalizado Convenios con 7 CC.AA. proponiéndose la celebración de los restantes”. (Pág. 109).
• La Ampliación de los umbrales que determinan la exigencia de clasi¬ficación en el contratista, así como otras dirigidas a la flexibilización en la constitución de garantías y aportación de documentación (Pág. 159).
• La aprobación de una norma que regule el régimen jurídico de los convenios de colaboración y su distinción de ¬ figuras análogas, así como el procedimiento para la tramitación de los mismos (Pág. 189).
• … y en similar sentido respecto a las encomiendas de gestión (Pág. 195).

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