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Contratación pública y energía. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones
03/12/2025
Estado de la Unión de la Energía: prepararse para una aplicación fluida de la transición energética en línea con los objetivos del paquete de medidas «Objetivo 55» (C/2025/6320)

Diario Oficial de la Unión Europea 3 de diciembre de 2025

En este Dictamen el Comité solicita (apartado 26) que se elabore un programa de formación a escala de la UE para los responsables políticos y el personal local y regional, que abarque ámbitos clave como la planificación energética, la contratación pública de soluciones sostenibles,  el cumplimiento de la normativa y los modelos de financiación innovadores; subraya la necesidad de un desarrollo profesional continuo para seguir el ritmo de la evolución de la legislación en materia de energía y clima; la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), a través del subprograma LIFE-CET, podría proporcionar los conocimientos especializados y la metodología necesarios para la puesta en marcha de dicho programa; pide que se mantenga en el próximo marco de programación de la UE el subprograma LIFE-CET;


Asimismo, destaca (apartado 36) la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los suministradores y proveedores de tecnología establecidos en la UE que participan en la transición energética; pide la inclusión de criterios de sostenibilidad, circularidad y huella de carbono en los procedimientos de contratación pública y en las subastas, en consonancia con los objetivos del Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas y los objetivos de autonomía estratégica de la Unión;


Además (apartado 38) recomienda que los Estados miembros y los entes locales y regionales adopten directrices de contratación pública ecológica, que incorporen evaluaciones del ciclo de vida, los beneficios económicos locales y criterios de valor social; apoya los esfuerzos de la Comisión Europea por revisar las normas de contratación pública y su recomendación de proporcionar herramientas y metodologías normalizadas para mejorar la aplicación y el desarrollo de capacidades entre las autoridades de contratación pública; pide que estos criterios se incluyan en los programas de ayudas relacionados con la promoción de renovables, descarbonización industrial, nueva actividad industrial o eficiencia energética.

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