En el BOCyL del 1 de agosto de 2012, se ha publicado el Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Este Acuerdo ofrece una definición operativa de «cláusulas sociales» entendiendo por tales aquéllas que establecen la inclusión de aspectos de política social en los procedimientos de contratación pública como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

Su objetivo es incorporar cláusulas sociales al contrato en el momento de identificar sus necesidades de compra, al diseñar las especificaciones técnicas del contrato, en los criterios de selección del contratista, como criterios de adjudicación y también como condiciones de ejecución contractual. Incluso, tal y como posibilitan las Directivas sobre contratación pública y el TRLCSP, reservando una parte de los contratos públicos a talleres protegidos como en el caso de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, desde el respeto al principio de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y candidatos.