La Dirección General de Asuntos Jurídicos de los Ministerios Económicos y de Finanzas de Francia ha publicado en fecha de 30 de diciembre de 2025 lo siguiente que hemos traducido con Google:

“Publicación de dos decretos relativos a la contratación pública

Escrito el 30/12/2025

A raíz de numerosas propuestas de compradores públicos y operadores económicos para simplificar la legislación sobre contratación pública y con el fin de extraer las consecuencias del anuncio del Primer Ministro en el Congreso de Alcaldes de noviembre de 2025, se publicaron en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 2025 dos decretos relativos a la contratación pública.

Estas medidas fueron objeto de dos consultas públicas del 10 al 25 de noviembre de 2025 y del 28 de noviembre de 2025 al 13 de diciembre de 2025, entre ellas resumen de observaciones formulado está disponible en el sitio web de DAJ.

Decreto n° 2025-1386, de 29 de diciembre de 2025, por el que se modifican determinados umbrales relativos a la contratación pública

El decreto introduce los siguientes cambios:

• Aumenta el umbral de exención de publicidad previa y licitación pública para contratos pequeños, de 40.000 euros a 60.000 euros sin impuestos para contratos de suministro o servicios a partir del 1 de abril de 2026 y de 40.000 euros a 100.000 euros para contratos de obras a partir del 1 de enero de 2026;
• Por coordinación, modifica artículo R. 2132-2 el código que establece que los documentos de consulta se pondrán a disposición de los operadores económicos de forma gratuita para los contratos que satisfagan una necesidad cuyo valor estimado sea igual o superior a 60.000 euros sin impuestos y cuyo procedimiento dé lugar a la publicación de una convocatoria de concurso.

Decreto n° 2025-1383, de 29 de diciembre de 2025, relativo a diversas medidas para simplificar la legislación sobre contratación pública

El decreto introduce los siguientes cambios:

• Reduce el límite máximo del volumen de negocios mínimo pagadero por las empresas candidatas de dos veces a una vez y media el importe del contrato;
• autoriza a los compradores a contratar directamente con el postor que quedó en segunda posición en caso de que el posible postor ganador no pueda ejecutar el contrato, sin que sea necesaria una cláusula específica en los documentos de consulta;
• Aclara las condiciones de devolución del anticipo;
• Extiende ciertas disposiciones regulatorias a las comunidades de ultramar, de conformidad con la ley n° 2023-973 a partir del 23 de octubre de 2023 relativo a la industria verde.”

Puede accederse a la página en internet aquí.

Asimismo, dicha DG ha publicado la siguiente carta: 

“Por una gestión renovada de la política de contratación pública, por David Amiel, Ministro Delegado encargado de la Función Pública y la Reforma del Estado.

La contratación pública representa 233 mil millones de euros de contratos adjudicados en 2024, incluidos más de 100 mil millones para autoridades locales y el 60% de los contratos adjudicados a nuestras pymes.

Es, por tanto, un pilar de nuestra economía y una poderosa herramienta de acción: para nuestra soberanía industrial y digital, para la transición ecológica, para la innovación y para el uso responsable de los fondos públicos. 

Para que esta palanca sea plenamente eficaz, es esencial una gobernanza fuerte y compartida. Las primeras reuniones anuales de compras estatales celebradas el 15 de diciembre en Bercy permitieron iniciar el fortalecimiento del diálogo con todas las partes interesadas: representantes de las secretarías generales de los ministerios y prefecturas regionales y de los establecimientos públicos más importantes, de los principales centros públicos de compras y, por supuesto, de las administraciones centrales interesadas.

Estas Reuniones, que reflejan la voluntad del Gobierno de recuperar el control de la política de compras públicas, permitieron también establecer directrices estructurantes para las compras estatales.

Cinco prioridades principales guían nuestra acción: 

• En primer lugar: aumentar la transparencia y garantizar los mejores precios. Por eso pedí a la UGAP, un centro de compras bajo la supervisión del Estado, que estableciera un mecanismo para revisar sus precios si resultaban estar mal posicionados. Una mayor profesionalización de los compradores también es esencial para fortalecer el desempeño económico de las compras y garantizar la calidad de los servicios;
• Luego: simplificar los procedimientos, para compradores públicos y empresas. Un decreto perpetúa el umbral de exención publicitaria en 100.000 euros para los contratos de obras. Y, como anunció el Primer Ministro en el Congreso de los Alcaldes, el umbral aumentará a 60.000 euros para los contratos de suministro y servicios. También simplificamos la vida de las empresas con PasseMarché, que les permitirá recoger automáticamente, a través de su SIRET, todos los certificados necesarios. Simplificar también significa facilitar el trabajo de los compradores confiando en la inteligencia artificial. Pero para que se convierta en una verdadera palanca de rendimiento, la IA ahora debe implementarse a gran escala donde sea útil;
• Tercera prioridad: hacer más ecológicas nuestras compras al servicio de la transición ecológica. Los compradores públicos deben cumplir con las obligaciones de la ley de Clima y Resiliencia que entrará en vigor el próximo verano. El primer plan de fomento de las compras públicas social y ecológicamente responsables (SPASER) del Estado, publicado el 10 de diciembre, fija objetivos ambiciosos como la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a las compras del Estado de aquí a 2027, la duplicación del gasto estatal en favor de la economía social y solidaria y el aumento del 10% horarios de integración previstos en las cláusulas sociales para la integración de los mercados del Estado;
• Cuarta prioridad: fortalecer nuestra soberanía, particularmente en las compras digitales. En particular, seguiremos, en el marco de la próxima revisión de las directivas, abogando por el establecimiento de una preferencia europea en sectores estratégicos;
• Quinta y última prioridad: mejorar la gobernanza y la evaluación de la política de contratación pública. La gobernanza nacional de la política pública de compras se unificará con la ampliación de las misiones del actual Observatorio Económico de la Contratación Pública (OECP). Esto se convertirá en el garante de una gestión compartida, coherente y transparente de la contratación pública en la que participen todos los actores nacionales y locales, alimentada por datos más exhaustivos y precisos.

Se ha puesto en marcha una dinámica colectiva destinada a mejorar la contratación pública. Pero, en última instancia, es la experiencia de cada uno de los actores la que garantizará el éxito de nuestras ambiciones. “

Puede accederse al texto original aquí.