El contrato de investigación y desarrollo es un contrato del sector público típico recogido como tal en el anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como una categoría de contrato de servicios, y por tanto, incluido en su ámbito objetivo de aplicación. No obstante, esta afirmación que a priori parece simple está plagada de matices y excepciones a lo largo del articulado de la ley que hacen del contrato de I + D uno de los de más compleja regulación y, por tanto, proclive a generar confusión y consecuentemente grandes dosis de inseguridad jurídica.

En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan las diferentes figuras de contratos de I + D mencionados en el TRLCSP, realizándose una delimitación básica que distingue entre los contratos de I + D incluidos y excluidos del ámbito objetivo de aplicación de la ley, y dentro de cada uno de los grupos los diferentes tipologías de contratos existentes.

Los elementos diferenciadores de cada una de las categorías que sirven de base para la elaboración del cuadro y que resulta básico conocer a la perfección son los siguientes:

• La remuneración del contrato: si corresponde de forma exclusiva a una de las partes o se trata de un elemento compartido.
• Cual de las partes asume el riesgo y ventura del contrato.
• La propiedad y tratamiento de los resultados que se obtengan.