En Perú, el 22 de abril de 2025, entró en vigor la Ley N° 32069, denominada “Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento”. Este novedoso marco normativo tiene como propósito fundamental la modernización y optimización del sistema de contrataciones públicas, orientado principalmente a consolidar mayores niveles de transparencia, trazabilidad y eficiencia en la utilización responsable de los recursos públicos. Asimismo, este modelo busca fortalecer, mediante una serie de mecanismos integrales, la prevención y mitigación de prácticas corruptas, promoviendo la máxima participación competitiva de proveedores, asegurándose la contratación de bienes, servicios y obras de óptima calidad para el Estado, generando impacto positivo y sostenible en beneficio de la sociedad peruana.

La propuesta es buena, sin embargo, su implementación es todo un reto, toda vez, que se requiere la participación diligente con un enfoque más analítico y preventivo por parte de los profesionales que participan en todo el proceso de contratación pública dentro de la Dependencia Encargada de las Contrataciones - DEC, ya que deben ser capaces de reducir los riesgos y de garantizar la seguridad jurídica, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, es por ello, que se propone la profesionalización de la contratación pública, debiendo ser integral y dinámica para su mejora continua de estos actores denominados compradores públicos. 

¿CUÁL ES EL MODELO DE CERTIFICACIÓN?

Este modelo se presenta como un sistema estructurado que valida las competencias, conocimientos y habilidades de los profesionales responsables de las actuaciones que se realizan en el proceso de contratación pública. La certificación no solo reconoce la capacidad técnica del profesional, sino que también promueve buenas prácticas a través de los enfoques de Integridad, Gestión por Resultados, Gestión de Riesgos en Contratación Pública, Gobernanza de la Contratación Pública, y la Profesionalización de la Contratación Pública. 

En ese sentido, se ha regulado en el artículo 15 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, lo siguiente:

Artículo 15. Compradores Públicos

"15.1. Los compradores públicos son los funcionarios y servidores de la DEC que intervienen en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras. Deben encontrarse certificados conforme a la Directiva que emita el OECE." 

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ha establecido lo siguiente:

Articulo 16. Certificación a cargo del OECE

16.1. Para certificarse, se debe contar, como mínimo, con título profesional técnico o grado de bachiller universitario. La certificación considera los siguientes niveles: básico, intermedio y avanzado.

16.2. El procedimiento de certificación se realiza a través del Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN), el cual forma parte de la Pladicop. 

16.3. Para que un comprador público sea designado como oficial de compra o integre un comité debe contar con certificación de nivel intermedio o nivel avanzado. 16.4. El responsable de la DEC cuenta con certificación en el nivel avanzado.

"16.5. La autoridad de la gestión administrativa verifica que los servidores de la DEC se encuentren certificados conforme al nivel que corresponda a las actividades que realizan.”, para certificarse, se debe contar, como mínimo, con título profesional técnico o grado de bachiller universitario. La certificación considera los siguientes niveles: básico, intermedio y avanzado.

Al respecto, esto nos enfatiza que, para que un comprador público sea designado como oficial de compra o integre un comité debe contar con certificación de nivel intermedio o nivel avanzado. Y el responsable de la DEC cuenta con certificación en el nivel avanzado. Sin duda este modelo, tiene como objetivo principal profesionalizar y fortalecer las capacidades de quienes participan en el proceso de contratación pública en las entidades contratantes.

Recayendo la responsabilidad en la autoridad de la gestión administrativa, verificar que los servidores de la DEC se encuentren certificados conforme al nivel que corresponda a las actividades que realizan.

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL NUEVO MODELO DE CERTIFICACIÓN

Al respecto, mediante un comunicado de fecha 22 de abril de 2025, el OECE establece que, los requisitos de contar con los niveles de certificación previstos en los numerales 16.3 y 16.4 del artículo 16 del Reglamento, para que el comprador público sea designado como oficial de compra o integrante de un comité debe contar con certificación en nivel intermedio o en nivel avanzado, y para el caso del responsable de la DEC, deberá contar con certificación en el nivel avanzado, no serán obligatorios hasta la emisión de la respectiva Resolución Directoral de la DGA.

En concordancia, con la decimocuarta disposición complementaria final del Reglamento, se ha establecido que la implementación del nuevo modelo de certificación en el marco de la profesionalización, tiene un plazo no mayor de (18) dieciocho meses desde la entrada en vigencia del presente Reglamento, por lo que, el OECE implementa el nuevo modelo de certificación regulado en el artículo 16 del Reglamento, esto quiere decir, que el nuevo modelo se debería implementar en el mes de octubre del año en curso.

¿CUÁL ES LA REALIDAD ACTUAL RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL EXAMEN EN LOS DIFERENTES NIVELES?

En la actualidad, según la información que obra en la página de transparencia y datos abiertos del OECE, podemos advertir el siguiente escenario de los profesionales certificados por niveles: 

Básico (14,246) Intermedio (3,837) Avanzado (395)

Fuente: OECE . CONSULTAR LAS ESTADÍSTICAS DE CERTIFICACIÓN POR NIVELES-SICAN https://public.tableau.com/app/profile/osce.bi/viz/PUBLICO_SICANV2/PUBLIC_SICAN. Información actualizada al 03/05/2026

Cabe destacar, que el examen de certificación de acuerdo a la nueva Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”, inició el 07 de mayo de 2025, sin embargo, es evidente que en casi un año que haberse implementado, existe un alto porcentaje de profesionales, que se encuentran en nivel básico esto representa un 77%, siguiéndole el nivel intermedio con un 20 % y por último el nivel avanzado con un 3%. 

Si bien analicé la estadística sobre el total de profesionales certificaciones por niveles compartida por el OECE, a través de su página de transparencia y datos abiertos, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, consideré necesario requerir información respecto a los profesionales que han rendido el examen de certificación ante el OECE durante el periodo del 7 de mayo de 2025 (Que inició el examen de certificación con la nueva Ley N° 32069) hasta el 17 de abril de 2026, a fin de evaluar su nivel de aprobación por niveles a un año de entrada en vigencia la Ley N° 32069, y sin duda, estas cifras son más alarmantes. 

CERTIFICACIÓN POR NIVELES – SICAN. PERIODO: 7/5/2025 HASTA EL 17/04/2026

De aproximadamente una población de 9000 profesionales que han rendido el examen de certificación durante el periodo del 07/05/2025 hasta el 17/04/2026, el 84.54% ha aprobado el nivel básico, el 15.20% ha aprobado el nivel intermedio, y 0.26% ha aprobado el avanzado, esto quiere decir que se estima que solo 20 profesionales han aprobado en este periodo el nivel avanzado, lo cual, resulta muy preocupante.

¿CON ESTAS CIFRAS SE PODRÍA IMPLEMENTAR EL NUEVO MODELO DE CERTIFICACIÓN?

En octubre de este año, se cumplen los 18 meses que se consideraron para la implementación progresiva del nuevo modelo de certificación, para lo cual, las entidades contratantes deberían exigir para el oficial de compra o integrante de un comité certificación en nivel intermedio o avanzado, y para el responsable de la DEC debería requerir nivel avanzado.

Con las cifras analizadas ¿El OECE implementará este nuevo modelo de certificación?, me hago esta pregunta, teniendo en cuenta que, en el Perú existen más de 2200 entidades públicas, y si solo nos ponemos en el caso de los responsables de la DEC, quiere decir que se necesitan más de 2200 profesionales certificados en el nivel avanzado, sin embargo, actualmente solo tenemos 395 profesionales certificados en ese nivel,  es indudable que, estamos frente a una brecha muy amplia, y poco probable que se logre cerrar, más aún si estamos a pocos meses de cumplirse el plazo para la implementación de este modelo.

CONCLUSIÓN

La implementación del nuevo modelo de certificación previsto en la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento” enfrenta una realidad alarmante que pone en serio riesgo su efectividad y la profesionalización de quienes participan en el proceso de contratación pública en Perú. A casi un año de su entrada en vigencia del nuevo examen de certificación, la enorme brecha entre el nivel básico y los niveles intermedio y avanzado esenciales para oficiales de compra y responsables de la DEC, revela una falta de preparación y compromiso estructural para cumplir con los estándares establecidos. Tengamos en cuenta que, para ser responsable de la DEC se necesita estar certificado en el nivel avanzado, y en la actualidad solo tenemos 395 profesionales certificados en nivel avanzado para más de 2,200 entidades públicas, resulta imposible garantizar la calidad, transparencia y seguridad jurídica que este modelo pretende resguardar. 

Sin acciones urgentes que impulsen la formación, certificación y supervisión rigurosa de los actores clave, la prometida modernización del sistema, seguirá siendo un ideal inalcanzable.

RECOMENDACIONES

Se plantean algunas medidas que contribuirán a cerrar la brecha actual, garantizar una implementación efectiva del modelo y, en consecuencia, fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema en beneficio de la sociedad peruana.

1.  Implementar un programa exclusivo y obligatorio para rendir el examen de certificación ante el OECE, debiendo estar dirigido para los profesionales que participen en el proceso de contratación pública, con especial énfasis en elevar la cantidad de certificados en los niveles intermedio y avanzado. Este plan debe incluir modalidades presenciales, virtuales o híbrido para asegurar acceso amplio y flexible.

2. Establecer incentivos claros, como reconocimiento público o ventajas laborales, para motivar a los servidores públicos a alcanzar y mantener la certificación en niveles superiores, considerando que se ha identificado en varias entidades, que algunos profesionales están renunciando o pidiendo licencia sin goce de haber en su entidad, a fin de migrar a otra entidad siendo contratado bajo una orden de servicio.

3. Fortalecer los mecanismos de supervisión a las entidades contratantes, a fin de verificar los avances en la certificación por niveles, con responsabilidad directa de la autoridad de la gestión administrativa, si no existe un seguimiento constante, las entidades contratantes no exigirán a su personal y por ende el personal no asumirá el compromiso de prepararse para aprobar el nivel de certificación exigido.

4. Proveer asistencia técnica, recursos y herramientas estandarizadas para facilitar la preparación y evaluación de quienes participan en el proceso de contratación pública, especialmente en entidades con menos acceso a internet.

5. Desarrollar campañas para comunicar la importancia de la profesionalización en contrataciones públicas, creando cultura institucional orientada a la transparencia, eficiencia y cumplimiento riguroso de la Ley General de Contrataciones Públicas.