En los últimos quince años, ocurrieron inmensos cambios culturales vinculados al desarrollo tecnológico y la innovación, la búsqueda de respuestas al calentamiento global y otras consecuencias ambientales derivadas de la actividad antropogénica, la lucha para lograr la igualdad de géneros y el cuestionamiento al obrar de los estados y empresas privadas. En ese terremoto de sucesos los actores de los distintos sistemas normativos lidian con adaptarse y adelantarse a los nuevos panoramas. En ese marco, me pregunto: ¿en qué dirección se está orientando a las compras y contrataciones públicas?¿las estamos guiando hacia el camino correcto?.
Actualmente los trabajos conjuntos de los estados, organismos internacionales y organizaciones con y sin fines de lucro, en todos los continentes, han logrado la proliferación de los ensayos sobre distintos enfoques para el abordaje de las compras y contrataciones públicas (en adelante, las “CCP”). En este aspecto, ostentan características que son transversales y comunes a todos los enfoques, pero cada uno tiene definido un objetivo propio que los pretende diferenciar, vinculado a solucionar una temática particular.
La principal característica que comparten es que conciben a las CCP como una política pública. Visualizan que los estados son quienes, en su rol de consumidor, cuentan con el potencial de generar cierto impacto en distintos ámbitos e incentivar al crecimiento de sectores específicos.
Así, partiendo desde esa lógica, podemos encontrar las CCP: “verdes”, “tecnológicas”, “ecológicas”, “sostenibles”, “con perspectiva de género”, “estratégicas”, “eficientes”, entre otras. Es decir, numerosos enfoques y cada uno con la promesa de resolver parte de un problema.
Es interesante pensar que los diversos propósitos perseguidos en cada enfoque -el cuidado del ambiente, el respeto a la igualdad de géneros, la gestión eficiente de recursos, innovación, etc.- confluyen en un único concepto: “interés público”. ¿Por qué debería primar un objetivo específico y distinto a aquel? ¿Cuál es el sentido de remarcar uno por sobre otro y qué rédito existe detrás de la implementación de cada uno de ellos? ¿Es mejor una compra pública verde que una estratégica? ¿No deberían las CCP contemplar la totalidad de las obligaciones a las que los estados se comprometen a través de sus regímenes normativos internos como también de sus tratados y convenciones?.
Amén de ello, son enormes y valorables los esfuerzos por lograr darle un papel preponderante a las CCP en miras de obtener mayores beneficios para cada estado y, en particular, para cualquier sector que se perciba como vulnerable y/o clave de la sociedad.
En este marco, entiendo que, más allá de aplicar enfoques, es necesario entender la escala, el impacto y la evidencia pertinente previo a trazar los criterios que se pretendan adoptar para que, como cualquier otra ley, programa o política pública, sea realmente beneficiosa1. Así, para que una compra realmente sea eficiente y no quede en un slogan de una publicidad -como si fuese procurement washing- se debe entender el contexto y, para ello, contar con trabajo interdisciplinario que releve los conflictos, necesidades y recursos de cada estado en períodos determinados, trazando metas cuantificables y comparables.
Siguiendo tal lógica, es que se concluye que es de suma importancia la intervención de la tecnología2. La trazabilidad, comparación y comprensión de datos, tareas que resultan casi imposibles de realizar manualmente3, puede efectuarse de manera actualizada y sistémica a través de herramientas digitales. La carga de información de los procedimientos de las CCP desde su origen hasta su ejecución, con métodos estandarizados y obligatorios en plataformas virtuales, permite a los estados -desde sus funcionarios y funcionarias hasta sus ciudadanos y ciudadanas- medir, informarse y aprender cuáles son los verdaderos ajustes que hay que realizar para ser eficientes, e incluso descansar en que no sean ellos o ellas quienes fundamenten las decisiones, sino, por ejemplo, un algoritmo4.
Saber con certeza cuál es el problema permite reducir las opciones a elegir. No sabremos cuál es el enfoque de contratación -si es que es correcta esa aproximación- adecuado, ni qué criterios de aquella se deben aplicar, si no se sabe a qué se enfrenta ni cuál es la meta.
De hecho, entendiendo los objetivos centrales de cada enfoque se desprende que la única forma de generar cambios suficientes y estratégicos -sobre todo en cuestiones complejas, como temas ambientales y/o de corrupción- sería a través de bloques regionales y no de manera individual. De modo tal que es fundamental continuar promoviendo el desarrollo de los sistemas digitales de datos abiertos, transparentes e interregionales, soñando con la posibilidad de alcanzar una trazabilidad mundial y gestiones públicas realmente eficientes.
En conclusión, creo que cada estado se debe proponer metas claras y realistas, basadas en datos ciertos -obtenidos a través de métodos confiables e interdisciplinarios-, en plazos definidos, para alinear progresivamente el sistema de las CCP en miras del interés público y del cumplimiento de sus obligaciones.
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1Se ha dicho que: “Disponer de datos abiertos de calidad, debidamente recopilados y procesados en plazos breves, es esencial para tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía (...) cuando existen datos gubernamentales abiertos de calidad y la voluntad política de analizarlos, los resultados que se pueden obtener fomentan la adopción de políticas públicas basadas en la evidencia”. Además, que “(...) Las instituciones públicas producen y encargan la producción de enormes cantidades de datos e información. Impulsar su sistematización a través de sistemas de información integrados podría permitir el uso de este conocimiento como un activo para agilizar la toma de decisiones”.
Fuente: De Zan, L., Aquilino, N. y Arena, E. (mayo de 2022). Cómo reducir las asimetrías globales en materia de datos gubernamentales abiertos en el Sur Global: una perspectiva de América Latina. Buenos Aires: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
2Ejemplos de ello se pueden observar en la “Guía para la identificación de riesgos de corrupción en contratación pública, utilizando la ciencia de datos” realizada en el marco del Proyecto “Prevención de la corrupción mediante transparencia y analítica de datos en los sistemas de contratación pública”, suscrito entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y CAF - banco de desarrollo de América Latina, con apoyo técnico de Datasketch, publicada en fecha 9 de diciembre de 2021.
3Penagos, Nicolas, and Oscar Hernández. “Examinando con datos las "banderas rojas" de compras en América Latina.” Open Contracting Partnership, 27 June 2019, https://www.open-contracting.org/es/2019/06/27/examinando-con-datos-las-banderas-rojas-de-compras-en-america-latina/. Accessed 21 December 2022.
4Un ejemplo de plataforma anticorrupción de medición de contrataciones públicas en Latinoamérica es el algorítmo “Funes” en Perú, con metodología desarrollada por Mihaly Fazekas. (“FUNES · Un algoritmo contra la corrupción”).
