El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella nos explica a continuación cómo las nuevas reglas pretenden garantizar un uso más eficaz y transparente del dinero público, cuando las autoridades contratan obras, o compran bienes o servicios.
Señor Tarabella, ¿cuáles son los principales problemas que las nuevas normas pretenden resolver?
Es un gran paso adelante que el precio más bajo deje de ser el criterio principal de adjudicación y que, a partir de ahora, sea la oferta económicamente más favorable. Esto es importante porque ayuda a evitar precios que son bajos porque la oferta no ofrece calidad.
También hay un un capítulo sobre subcontrataciones que es importante, porque el dinero públicco se pierde con demasiada frecuencia en las cadenas de las subcontratas. En esta cuestión, los Estados de la UE tiene la responsabilidad de reclamar la misma transparencia y el mismo nivel de información que en el resto de la cadena.
Las reglas también incluyen el respeto las directivas europeas, las leyes nacionales y los convenios colectivos como criterio de selección o de exclusión.
¿Quién se beneficiará de las nuevas reglas? ¿Disfrutarán las pequeñas y medianas empresas (pymes) de un mayor acceso a los mercados públicos?
Las reglas garantizarán la simplificación, y que las pequeñas empresas dejen de tener la obligación de presentar una amplia variedad de documentos antes de que comience el proceso. Por el contrario, podrán obtener información y presentar sus ofertas por vía digital. Esto es atractivo para las pymes, cuya participación en las licitaciones públicas es demasiado escasa. Y queremos que participen más porque es bueno para la economía. De manera que reducir la carga burocrática es una mejora significativa.
Las reglas destacan la importancia de la innovación. ¿Cómo pueden impulsarla las autoridades públicas?
No podemos decir que queremos una gasto más eficaz al servicio de los ciudadanos y de la economía europea, sin reservar un espacio privilegiado a la innovación. Hemos introducido un procedimiento especial que garantiza que las autoridades puedan preferir asociarse con una empresa innovadora para favorecer la innovación y brindarle la oportunidad de ser eficaz.
