Es esta una obligación impuesta en la Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, (del Ministerio de Hacienda y Función Pública) por la que se aprueban la aplicación informática y el cuestionario electrónico necesarios para elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la LCSP 9/2017. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha de remitir esa información a la Comisión Europea en cumplimiento de las exigencias de “Gobernanza” que impone la Directiva 2014/24 en su capítulo IV.

Todos los poderes adjudicadores han de remitir a la JCCPE, antes del 31 de enero de 2018, información referente a los contratos celebrados ente el 1 de enero y 15 de diciembre de 2017. La información sobre la aplicación de medidas en contratación íntegra y estratégica, y las dificultades que se hayan detectado para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia integridad, participación de las pymes en la contratación pública, contratación ecológica y socialmente responsable. La información ha de ser detallada para cada contrato sometido a regulación armonizada; para el resto de contratos debe proporcionarse el valor agregado total, incluidos los menores, con exclusión de los de importe inferior a 5.000€ tramitados con sistema de pago de anticipo de caja fija o similar.