Los contratos municipales incorporarán, a través de un Decreto de Alcaldía, una cláusula que prohíbe contratar a las empresas que realicen operaciones financieras en paraísos fiscales consideradas delictivas. Barcelona se convierte, así, en ciudad pionera en el establecimiento de normas con el objetivo de ser una ciudad libre de paraísos fiscales.

El decreto establece en todos los contratos públicos municipales, incluyendo las entidades que forman el grupo municipal, que los licitadores, contratistas o subcontratistas o las empresas filiales o empresas interpuestas no pueden efectuar operaciones financieras ilegales en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por las instituciones europeas o, en su defecto, por el Estado español.

“La idea de los paraísos fiscales es incompatible con la democracia. La ciudadanía nos pide políticas tributarias que permitan que los ingresos que obtenemos en la ciudad reviertan en servicios para el conjunto de la ciudadanía”, ha explicado el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello.

Las empresas que opten a una licitación deberán declarar si tienen relaciones con países considerados paraísos fiscales. Si una empresa declara que sí tiene, deberá aportar la documentación que explicite el carácter y la legalidad de estas relaciones, y la información que no sea confidencial se publicará en el perfil de contratante. En caso de que la relación sea ilegal, la empresa no podrá optar a la licitación.

Además, una vez adjudicada la licitación pública a una empresa, se considerará falta grave incumplir la prohibición de operar de manera ilegal en algún paraíso fiscal y se podrá rescindir el contrato con la empresa.

Más información:

• Las empresas que trabajen para el Ayuntamiento no podrán tener vinculaciones ilegales con paraísos fiscales - El Digital