Con el título de La Integridad, el control externo y la prevención de riesgos en la contratación pública. En especial: la fase de ejecución de los contratos públicos, Patricia Iglesias Rey ha obtenido el título de doctor con la máxima calificación de sobresaliente.

En su trabajo (bajo la dirección de los profesores Patricia Valcárcel y José Mª Gimeno Feliu), se recuerda que desde el diseño inicial del contrato, selección, adjudicación hasta la prestación final, aparecen multitud de riesgos derivados de la complejidad de todo el ciclo de vida de la contratación pública, a lo que debemos unir, la concurrencia de partes interesadas con objetivos a veces yuxtapuestos: los poderes adjudicadores, operadores económicos, sin olvidarnos obviamente de usuarios finales, que representan (o personifican) el interés general, que es  el elemento causal que no podemos nunca perder de vista y se positiviza en el artículo 28 de la LCSP.

Los años de investigación de la tesis y la experiencia profesional acumulada como letrada de la Administración Autonómica, y después como responsable de la asesoría jurídica del Consello de Contas de Galicia, han evidenciado que el control de la ejecución de los contratos de los poderes adjudicadores es la asignatura pendiente en la práctica de la contratación pública, y no sólo en España, sino en el ámbito comunitario y también mundial.

 
La ejecución de los contratos públicos es una fase nuclear en el proceso de contratación pues con ella se logra la satisfacción de las necesidades públicas que justificó la existencia misma del contrato. Sin embargo, la experiencia nos dice que no existe- una cultura de cumplimento y de “autocontrol” de los riesgos durante la ejecución del contrato, o al menos no en la medida necesaria. Una ejecución incorrecta, una verificación y control parcial o deficiente pone en cuestión principios y objetivos como la eficiencia del gasto público, la transparencia, la integridad, la igualdad de trato y la buena administración, que se consagran en el artículo 1 de la LCSP y que son parámetros interpretativos fundamentales para la doctrina y la jurisprudencia- sobre todo- la comunitaria.

En el escenario de hipótesis que se propone en esta investigación, se constata que la mayor parte de los riesgos que se materializan en la fase de ejecución de los contratos no se mitigan o reducen con la regulación mayormente reactiva que se contiene en la LCSP.  Se defiende como tesis que es necesario modificar y reforzar la regulación básica de la fase de ejecución contractual para hacer efectivo en la práctica el principio de integridad, como pilar nuclear para lograr disminuir las irregularidades administrativas, el fraude y la corrupción en la contratación pública.

En resumen, la actual doctora pretende, en su magnífico y completo estudio, ofrecer a todos los operadores jurídicos una perspectiva interpretativa que facilite un nuevo ángulo de visión de la contratación pública, para poner la lupa en la fase nuclear de la ejecución de los contratos públicos, desde la vertiente de la integridad y el control preventivo de riesgos.

En la foto la Doctora con los Directores y los miembros del Tribunal de calificación: Profesora Belén Noguera y profesores Rafael Fernández y Javier Miranzo.