La legislación griega establece un sistema de registro obligatorio para todas las empresas del sector de la construcción nacional aprobadas, dividiéndolas en categorías, cada una de ellas correspondiente a un presupuesto mínimo y máximo específico. En lo que se refiere a los procedimientos de licitación, los poderes adjudicadores pueden aceptar únicamente las empresas registradas en algunas de estas categorías, correspondientes a la gama presupuestaria prevista para el contrato previsto. De esta forma, la legislación griega establece un sistema que predetermina qué operadores económicos pueden participar en cada licitación.

Este sistema de registro obligatorio conduce a la exclusión de empresas que disponen de la capacidad económica, financiera, profesional y técnica para llevar a cabo la licitación de un contrato determinado, solo porque su capacidad financiera es diferente (por lo general, mayor) que la clase de presupuesto específico permitido para un determinado procedimiento.

Por consiguiente, dichas disposiciones nacionales limitan las oportunidades de mercado para las empresas y obstaculizan la competencia entre agentes económicos. La Comisión considera que este régimen jurídico restrictivo incumple lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE y los principios fundamentales de igualdad de trato y de no discriminación, en los que se basan las normas de contratación pública de la UE. 

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• Comunicado de prensa oficiaL: versión en inglés o versión en francés (ambos en PDF)
• Fuente de la información: Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya