Como se indica en el preámbulo de la Ley 09/2017, " la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos". Así, se consolida la tendencia de utilizar la contratación pública como palanca el apoyo de objetivos sociales comunes (que se concreta en "la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores"), contando entre ellos políticas de igualdad de género.
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